Recientemente, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ha sido objeto de diversas denuncias que señalan la imposición de multas «fantasmas» y arbitrarias a ciudadanos, incluso aquellos que nunca han manejado un vehículo en toda su vida. A pesar de las investigaciones realizadas, esta preocupante práctica persiste, generando un malestar generalizado entre la población.
En el día de hoy, decidimos indagar más a fondo sobre este tema, cuestionando a nuestros oyentes sobre sus experiencias. La mayoría coincidió en que estas denuncias son verídicas y compartió casos impactantes. Entre ellos, personas que, al regresar al país tras residir en el extranjero, se encuentran con infracciones de tránsito registradas en su nombre, sin haber estado presentes para cometerlas.
Otros testimonios revelan irregularidades al renovar licencias de conducir, donde aparecen multas por infracciones asociadas a vehículos que los afectados ni siquiera utilizan. Casos absurdos incluyen multas por falta de casco protector a conductores de camiones, cuando dicho equipo solo aplica para motociclistas y ciclistas.
Estas experiencias alimentan la percepción de que la DIGESETT opera como un órgano recaudador del Estado, con cuotas asignadas de infracciones por demarcaciones. Si esto es cierto, se trataría de un atropello a la ciudadanía y una práctica abusiva por parte de las autoridades, que erosiona la confianza en el sistema de tránsito.
En conclusión, estas denuncias no solo evidencian una posible falta de transparencia en el manejo de las infracciones, sino que también refuerzan la necesidad de una reforma urgente que garantice justicia y responsabilidad en la regulación del tránsito.
