La promulgación del nuevo Código Penal dominicano, mediante la Ley 74-25, marca un hito histórico en el sistema jurídico nacional. Tras más de un siglo de vigencia del código anterior, esta reforma representa un esfuerzo por modernizar la legislación penal y responder a los desafíos contemporáneos. Sin embargo, su aprobación también ha generado intensos debates éticos, sociales y políticos que merecen atención.
Lo que representa un avance
Entre los aspectos más positivos del nuevo Código Penal se destacan:
- Actualización normativa: Se incorporan delitos modernos como el feminicidio, el sicariato, el ciberacoso, la violencia económica, la estafa piramidal y la manipulación digital con fines extorsivos.
- Protección a víctimas: Se establece un registro de agresores sexuales, se fortalecen las órdenes de protección, y se amplía el plazo de prescripción para delitos sexuales contra menores, permitiendo que las víctimas puedan denunciar hasta 30 años después de alcanzar la mayoría de edad.
- Responsabilidad penal empresarial: Las personas jurídicas pueden ser sancionadas penalmente, lo que abre la puerta a combatir delitos corporativos.
- Medidas sociojudiciales: Se introducen mecanismos de reinserción social, vigilancia post-condena y supervisión judicial.
- Lucha contra la corrupción: Se endurecen las penas, se amplían los plazos de prescripción y se establece la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos en casos de corrupción.
Las omisiones que preocupan
A pesar de estos avances, el nuevo Código Penal presenta vacíos significativos:
- Exclusión de las tres causales del aborto: No se contempla la interrupción del embarazo ni en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre, lo que ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
- Falta de consenso social: La aprobación del código se realizó sin un proceso amplio de consulta ciudadana, lo que ha generado divisiones y cuestionamientos sobre su legitimidad ética.
- Aplicación incierta: Aunque se endurecen las sanciones contra la corrupción, persiste el escepticismo sobre la voluntad política para aplicar estas medidas de forma efectiva.
¿Qué podemos mejorar?
La entrada en vigencia del nuevo Código Penal en 2026 ofrece una oportunidad para reflexionar y corregir. Algunas propuestas incluyen:
- Incorporar las tres causales del aborto, garantizando el derecho a la vida, la salud y la dignidad de las mujeres.
- Fortalecer la independencia judicial y los mecanismos de transparencia, para asegurar la aplicación efectiva de las sanciones contra la corrupción.
- Establecer procesos de consulta pública en futuras reformas, fomentando una legislación más inclusiva y representativa.
- Crear un observatorio ciudadano del Código Penal, que evalúe su impacto y proponga ajustes periódicos.
Conclusión
El nuevo Código Penal es un paso importante, pero incompleto. Su implementación debe ir acompañada de voluntad política, participación ciudadana y compromiso con los derechos humanos. Solo así podrá convertirse en una herramienta real de justicia, equidad y transformación social.
