La denuncia contra agentes de la Dirección General de Migración en El Seibo y Hato Mayor no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema más profundo: la falta de garantías en los procedimientos migratorios y el riesgo de que ciudadanos dominicanos sean tratados como extranjeros en su propia tierra.
El caso de Yohan Nolasco Silvestre, quien mostró su cédula y aun así fue detenido, pone en evidencia la necesidad urgente de revisar protocolos y capacitar a los agentes en derechos humanos. La frase captada en video —“Déjate arrestar, es lo que te conviene”— refleja una actitud autoritaria que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Más allá del incidente, la comunidad denuncia un patrón de atropellos y uso excesivo de la fuerza. Esto abre un debate sobre posibles prácticas discriminatorias basadas en el color de piel, lo cual resulta inaceptable en un Estado que se proclama democrático y garante de la igualdad.
La Dirección General de Migración y las autoridades gubernamentales tienen la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido, sancionar a los responsables y garantizar que nunca más un dominicano sea humillado en su propio país. El respeto a la dignidad humana no es negociable: es la base de la convivencia y de la justicia social.
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