En tiempos donde el acceso a la información es más amplio que nunca, resulta preocupante la percepción que tiene la población sobre el sistema de justicia en el país. Aunque las autoridades y el poder ejecutivo han insistido en que la justicia se ejerce de manera independiente, la opinión pública parece diferir drásticamente.
En el programa El Poder de la Mañana, se hizo la pregunta del día: ¿Cree usted que en el país se está ejerciendo justicia de manera independiente? La respuesta del público no tardó en llegar y fue contundente. Todas las personas que participaron expresaron que no consideran que exista una verdadera independencia judicial, calificando tales afirmaciones como una estrategia del gobierno para proyectar una imagen favorable ante los medios y la comunidad internacional.
Más allá de las declaraciones oficiales, los hechos reflejan una realidad distinta. Un claro ejemplo es el caso de Los Peregrinos de El Seibo, cuyos integrantes han denunciado reiteradas injusticias. Nancy Eusebio, representante del grupo, afirmó que han enfrentado dificultades para presentar denuncias contra un terrateniente cubano, mientras que cuando este interpone acusaciones, el Ministerio Público actúa de inmediato en su favor. Esta disparidad en el trato genera un profundo malestar y refuerza la idea de que la justicia favorece a quienes tienen mayor poder económico o influencia política.
La preocupación aumenta al notar que esta percepción no es aislada. En los tribunales se ventilan casos diariamente, y muchos ciudadanos creen que el acceso a una resolución justa depende más de los recursos disponibles que de la aplicación equitativa de la ley. La confianza en el sistema judicial parece debilitada, dejando en evidencia una grieta profunda entre la teoría de la justicia independiente y la realidad que vive la población.
¿Qué acciones podrían cambiar esta percepción? La transparencia, el acceso equitativo a la justicia y la garantía de que las decisiones judiciales se tomen con total imparcialidad son fundamentales para reconstruir la confianza ciudadana en el sistema. Mientras tanto, la duda sigue latente: ¿Quién tiene realmente el poder en la justicia nacional?
