El 23 de noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió una Orden de Retención (WRO, por sus siglas en inglés) contra Central Romana Corporation, prohibiendo el ingreso de azúcar y productos derivados desde República Dominicana, tras identificar prácticas consistentes con el trabajo forzado. Los indicadores documentados incluyeron: abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de vida y laborales inadecuadas, y jornadas excesivas.
El 17 de marzo de 2025, CBP levantó dicha orden, sugiriendo que la empresa había abordado las irregularidades señaladas. No obstante, las organizaciones firmantes —que desde hace años documentamos de forma directa la situación en los bateyes y comunidades de trabajadores— afirmamos que los indicadores de trabajo forzado persisten, y se han agravado en un contexto de creciente hostilidad y políticas migratorias restrictivas en República Dominicana.
Desde finales de 2023, el gobierno dominicano ha venido endureciendo sus políticas migratorias, con operativos de detenciones más frecuentes, deportaciones masivas y un clima creciente de hostilidad hacia la población haitiana y de ascendencia haitiana. Estas medidas han profundizado la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, quienes constituyen la mayor parte de la fuerza laboral en Central Romana. El temor a ser deportados, incluso en el trayecto hacia sus labores o en sus propios lugares de residencia, ha incrementado su dependencia de la empresa, reducido sus posibilidades de denuncia y deteriorado aún más sus condiciones de vida.
Además, hemos recibido información que indica que Central Romana ha endurecido las medidas de seguridad en sus instalaciones, con presencia constante de personal de vigilancia y mayores restricciones de movilidad dentro y fuera de los bateyes. Esto ha intensificado el aislamiento físico y social de los trabajadores, profundizando su desconexión con redes externas de apoyo, y alimentando el miedo a represalias en caso de que intenten denunciar irregularidades o salir del espacio asignado sin autorización. Esta situación refuerza varios de los indicadores de trabajo forzado descritos por organismos internacionales: aislamiento, abuso de vulnerabilidad y restricción de movimiento.
Las condiciones previamente señaladas por CBP no han sido corregidas de forma estructural. Persiste la retención parcial de salarios, la falta de claridad en los pagos, y la ausencia de remuneración por horas extras. Las viviendas en los bateyes siguen siendo precarias y muchas están alejadas de servicios básicos. Las jornadas laborales se mantienen prolongadas y sin las garantías mínimas exigidas por la ley.
Frente a esta realidad, resulta preocupante que el levantamiento de la WRO se haya producido sin que medie una evaluación pública, técnica e independiente que verifique mejoras sustanciales en las condiciones laborales. Un reciente artículo de The New York Times sugiere que la decisión de CBP pudo haber estado influenciada por factores políticos, incluyendo vínculos entre los propietarios de la empresa y actores influyentes del gobierno estadounidense, más que por una verificación rigurosa del cumplimiento de estándares internacionales en materia de trabajo forzado.
Reafirmamos que el trabajo digno no puede estar condicionado al estatus migratorio de ninguna persona. Las condiciones de precariedad, aislamiento y miedo documentadas son incompatibles con una vida digna y deben ser atendidas con urgencia por las autoridades competentes. En ese sentido, instamos a Central Romana para que cumpla con las normas nacionales e internacionales en materia laboral y de derechos humanos.
Por ello, hacemos un llamado a medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales a seguir de cerca esta situación, exigir transparencia en las decisiones regulatorias y amplificar las voces de las personas directamente afectadas.
Para más información, evidencia documental o coordinar entrevistas, pueden contactar a las organizaciones firmantes.
Organizaciones firmantes:
- Centro de Investigación y promoción Social (Cipros)
- Centro Montalvo
- Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco)
- Espacio de Capacitación, Pensamiento Crítico y Empoderamiento Juvenil (ESCAPE)
- Radio Seybo
- Unión de Trabajadores Cañeros (UTC)
