En la tarde de ayer, el sacerdote dominico Fr. Miguel Ángel Gullón, director de Radio Seybo, fue detenido de manera arbitraria mientras intervenía en un desalojo realizado por la empresa Central Romana en el sector Mirador Sur, El Seibo.
La familia afectada, que hace un tiempo perdió a su padre en un accidente laboral dentro de la misma empresa, se encontraba en riesgo de quedar en la calle. Ante la situación, allegados se comunicaron con el religioso, quien acudió de inmediato al lugar y estableció contacto con el Obispo de la diócesis de La Altagracia, Mons. Jesús Castro Marte, con el propósito de solicitar a los ejecutivos de la empresa un plazo razonable para que los afectados pudieran trasladarse a otro sitio.
Sin embargo, al llegar el fiscal actuante, ordenó a gritos la detención del sacerdote sin presentar orden judicial alguna. En un acto que ha sido calificado como una violación flagrante de los derechos ciudadanos, Gullón fue esposado y trasladado a la dotación policial de la ciudad, donde fue recluido en un área apartada.
La noticia provocó una inmediata reacción de la comunidad. Abogados, comunicadores y representantes de organizaciones sociales se presentaron en la sede policial para exigir la liberación del sacerdote, denunciando el atropello y reclamando respeto a la dignidad humana y al derecho de defensa.
Un atropello que no puede normalizarse
La detención de Fr. Gullón no solo constituye un abuso contra su persona, sino también un mensaje preocupante hacia quienes se solidarizan con las familias más vulnerables. Criminalizar la defensa de los derechos humanos y la mediación pacífica en conflictos sociales es un retroceso que amenaza la convivencia democrática.
Llamado a la solidaridad
Radio Seybo y la comunidad de El Seibo hacen un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a las autoridades competentes para que se mantengan vigilantes y solidarios. La defensa de los más pobres y desprotegidos no puede ser castigada como si se tratara de un delito.
La dignidad de Fr. Miguel Ángel Gullón y el respeto a los derechos de la familia desalojada son exigencias mínimas de justicia. Este hecho debe servir como recordatorio de que la dignidad humana está por encima de cualquier interés económico o institucional.
