En la cárcel pública de El Seibo, privados de libertad han denunciado la existencia de un entramado de negocios ilegales operado por un grupo de internos dirigidos por un tal “Yery” y un tal “13”. Según los testimonios, dentro del recinto se comercializan ron, drogas y armas, mientras se imponen cobros abusivos a los demás reclusos.
Los denunciantes aseguran que cada interno con teléfono celular debe pagar mil pesos mensuales para poder usarlo, bajo amenaza de confiscación. Además, quienes deseen tener aire acondicionado en sus celdas deben pagar dos mil pesos mensuales y un “derecho de entrada” de 40 mil pesos.
Las quejas también señalan que, cuando un familiar envía dinero, los denunciados retienen un 15% de comisión, lo que convierte estas prácticas en un negocio millonario dentro del penal. “Así está la cárcel pública del Seibo: Yery y 13 tienen todo tipo de armas, drogas y ron, y nadie hace nada”, expresaron los internos en su denuncia.
Ante esta situación, los privados de libertad piden la rápida intervención de las autoridades penitenciarias, para garantizar condiciones mínimas de seguridad, respeto y dignidad en el cumplimiento de sus condenas. La denuncia plantea un serio cuestionamiento sobre el control institucional dentro del centro y la urgencia de medidas que frenen la corrupción y los abusos.
Radio Seybo e Informativo Oriental darán seguimiento a este caso y procurará obtener la versión oficial de las autoridades correspondientes.
Las cárceles fueron concebidas para la rehabilitación y la reinserción social, no para convertirse en espacios donde imperen el miedo, los privilegios ilegales o la ley del más fuerte. Si las denuncias que hoy circulan sobre la cárcel pública de El Seibo resultaran ciertas, estaríamos ante una situación preocupante que requiere atención inmediata de las autoridades. Y si no lo son, también es necesario aclararlas para evitar especulaciones y devolver la confianza a la ciudadanía.
La sociedad tiene derecho a exigir transparencia, orden y respeto a la dignidad humana en todos los centros penitenciarios. Un sistema carcelario que no controla la violencia, las drogas o las actividades ilícitas difícilmente podrá cumplir su misión de rehabilitar.
Desde acá hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen estos señalamientos y ofrezcan una respuesta clara a la población. El silencio nunca debe ser la respuesta cuando existen denuncias que afectan el interés público.
La justicia, la seguridad y el respeto a los derechos humanos deben prevalecer dentro y fuera de las cárceles.
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