El Gobierno prometió identificar otros terrenos que sean del Estado para distribuirlos a los productores agrícolas de El Seibo.
La información la dio a conocer la comisión interinstitucional designada para investigar la denuncia de desalojo de la Unión de Productores Agropecuarios de las provincias de El Seibo, Hato Mayor, Mamá Tingó, así como de inmuebles reclamados por la compañía ganadera La Carmita.
Según José Dantés Díaz, director de Titulación y quien encabezó la comisión, tras un levantamiento y un censo en los terrenos reclamados, así como reuniones con las partes involucradas, arribaron a un acuerdo con los denunciantes.
El informe, leído por Dantés, concluyó que las parcelas que ocupaban los agricultores de Vicentillo, nunca han pertenecido al Estado, sino que siempre fueron de propiedad privada.
En tanto que el padre Miguel Ángel Grullón, manifestó estar satisfecho con las conclusiones y, agradeció al Gobierno la comprensión de los reclamos y confía en que puedan dar la respuesta prometida.
Aprovechó la ocasión para denunciar que las persecuciones aún persisten y pidió seguridad para la zona.
La comisión afirmó que los terrenos ocupados, actualmente reclamados y motivo central del conflicto, no se corresponden con las parcelas indicadas en la intención gubernamental expresada en el decreto 486 de 1975, que pretendía realizar un asentamiento agrario.
Precisó además, que el proceso de expropiación, resarcimiento económico del asentamiento nunca fue llevado a cabo, por lo que no existe formalidad alguna que acredite como propietarios a los reclamantes. La comisión la integraron además de Dantés Díaz, Emilio Toribio, titular del Instituto Agrario Dominicano (IAD); Luis Miguel Pichirilo, del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Antonio López, director del Instituto Nacional del Azúcar, quien no estuvo presente.
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